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¿Una nueva Constitución para un nuevo modelo de desarrollo?

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El estallido demostró de manera contundente la intensidad de la demanda para más derechos sociales y también abrió el proceso constituyente actualmente en curso. Para poder cumplir con las expectativas de las movilizaciones es clave que un nuevo modelo de desarrollo con mayor planificación sea una meta común para el proceso constituyente que se abre ahora.

Hassan Akram

 
 
Para construir un Estado de bienestar (con derechos sociales universales y no focalizados) se requiere también consolidar un Estado desarrollista (no subsidiario sino planificador).

Hassan Akram

E l modelo de desarrollo y los derechos sociales  

¿Por qué nos debe importar el ‘modelo de desarrollo’ que tiene el país? ¿De qué manera el modelo de desarrollo afecta la vida cotidiana de la gente? ¿No hay preocupaciones más importantes, desde comprar alimentos para los hijos hasta pagar las cuentas de fin de mes, para andar pensando en algo tan esotérico como cambiar el modelo de desarrollo nacional?    

No es así por la simple razón de que el modelo de desarrollo es determinante en los problemas cotidianos más importantes. Desde garantizar comida para todos hasta hacer alcanzable los gastos en salud, educación, luz, agua y arriendo – todo depende del modelo de desarrollo. Cuando se pregunta a una persona cómo se gana la vida, la respuesta – el trabajo que hace – es determinante a la hora de saber si a aquella persona le alcanza para pagar las cuentas para su familia. Cuando se pregunta a un país cómo se gana la vida, la respuesta – el modelo de desarrollo que tiene – es determinante a la hora de saber si a aquel país le alcanza para financiar los derechos sociales de su población. 

El actual modelo de desarrollo chileno se basa en una estructura productiva dominada por la minería y la agricultura – somos un país que gana la vida exportando recursos naturales levemente procesados. Lamentablemente, los ingresos provenientes de estas exportaciones son muy volátiles porque dependen del mercado de materias primas, cuya demanda fluctúa más que la de otros bienes. Estos mismos ingresos también tienden a estancarse a largo plazo en términos comparativos – no crecen con la rapidez de los ingresos exportadores de los países con capacidades tecnológicas más avanzadas, que catalizan mayores aumentos en la productividad. Ingresos estancados implica que no hay recursos para pagar servicios sociales de primera calidad para la población entera sino solo para la minoría privilegiada que los pueda autofinanciar. Entonces, si queremos un nuevo Chile que garantice salud, educación y vivienda decente para todos, vamos a necesitar un nuevo modelo de desarrollo para poder financiar responsablemente estos derechos sociales. 

Actualmente, los derechos sociales en Chile están mercantilizados con un Estado cuya ayuda social está estrictamente focalizada en los más pobres. Así el gasto público en educación, por ejemplo, está muy por debajo del promedio de la OCDE – las economías más exitosas a nivel mundial. El gasto total en educación es más alto que el promedio OCDE, pero son las familias las que tienen que desembolsar su propio dinero para llegar a este gasto educacional alto. La contribución del Estado es muy insuficiente, y así ocurre con los demás derechos sociales. Puesto que la productividad está estancada desde hace quince años, con el efecto concatenante de un estancamiento en el promedio de los salarios reales, tener que autofinanciar gran parte del gasto social pesa mucho en las familias chilenas. Así, incluso antes de COVID, uno de cada cuatro chilenos estaba con deudas morosas (hoy es uno de tres). Esta vulnerabilidad económica explica el clamor para más derechos sociales y consecuentemente para un nuevo modelo de desarrollo para financiarlos.  

Es importante no subestimar el tamaño del desafío económico que subyace el sueño de un nuevo Chile más justo y próspero. Para tomar un solo ejemplo, hoy en día hay gente en Chile que se enferma de cáncer y tiene que hacer bingos para pagar los especialistas y hay otras personas que ni siquiera han visto un oncólogo. Terminar con esto, y tragedias similares, requiere acumular suficientes recursos para tener la tecnología médica, los insumos farmacéuticos y los trabajadores de salud capacitados, disponibles para la población entera. Y no solo en las principales ciudades sino también en regiones. Un Estado de bienestar que garantizaría este nivel de protección social requiere un financiamiento permanente de gran envergadura. Esto implica un compromiso con mayor crecimiento, sustentable en el largo plazo, a nivel país. Si no somos capaces de crecer más rápidamente, y con mayor productividad e innovación, entonces la promesa de derechos sociales universales será letra muerta.     

El Estado subsidiario versus el Estado desarrollista    

Para construir un Estado de bienestar (con derechos sociales universales y no focalizados) se requiere también consolidar un Estado desarrollista (no subsidiario sino planificador). Pero para entender por qué es necesario cambiar la naturaleza del Estado para poder financiar los derechos sociales primero hay que entender las falencias del actual Estado subsidiario chileno.

El Estado subsidiario, defendido por los neoliberales, deja que el libre mercado autorregulado determine las actividades del sector privado. La libre competencia obliga a las empresas a invertir en las actividades más rentables so pena de quebrar. Entonces, según los neoliberales, el mercado maximiza los recursos disponibles para financiar derechos sociales. Sin embargo éste solo incentiva las actividades económicas que son más rentables a corto plazo. En otras palabras, si faltan políticas intervencionistas, el libre mercado desincentiva actividades que pueden generar pérdidas en la actualidad y cuyos beneficios solamente se ven o en el largo plazo o para terceros (las así llamadas externalidades positivas de tecnología). Solo el Estado puede tomar una visión colectiva, corrigiendo el padrón de incentivos individuales y catalizando que el sector privado haga más de este segundo tipo de actividades (que tienden a ser actividades industriales). 

En resumen: para tener un modelo de desarrollo basado en actividades innovadoras de más alta tecnología suficientemente dinámicas para financiar los derechos sociales, hace falta un Estado que promueva y planifique activamente estas actividades. Sin un Estado de este tipo el mercado promueve lo individualmente rentable pero colectivamente irracional. Por ejemplo, durante los años veinte en Chile, lo más racional para cualquier empresario fue invertir en el negocio del salitre natural, porque eso generaba más utilidades. Pero lo que fue racional para cada empresario no fue racional para la nación en su conjunto (la famosa ‘falacia de composición’). El sector salitre terminó explicando más del 70% de las exportaciones chilenas y cuando los alemanes lograron comercializar el salitre sintético los ingresos exportadores de Chile colapsaron. Los trabajadores despedidos y los capitales obsoletos no tenían donde irse – faltaban empresas en otros sectores que un Estado planificador habría creado – generando una tremenda crisis donde el bienestar de la ciudadanía sufrió drásticamente.

La ausencia de la planificación en aquella época generó una crisis de proporciones en Chile. Solo un Estado planificador, encargado de velar por el bienestar económico nacional, podría haber facilitado la consolidación de empresas en otros sectores exportadores, evitando así la crisis. Esta planificación indicativa – que entrega subsidios y beneficios tributarios y hasta arancelarios para empujar las empresas privadas hacia actividades industriales – fue clave en el desarrollo de todos los países que hoy día financian los derechos sociales de manera universal. Las empresas y sus trabajadores aprendieron a hacer cosas de mayor complejidad tecnológica – con más potencial para el crecimiento de la productividad – gracias a esta planificación.

Mientras que la planificación central de los antiguos países soviéticos buscaba reemplazar el sector privado, la planificación indicativa implica influenciar y cambiar las acciones del sector privado. Sin embargo, para que funcione esta planificación hay que condicionar el apoyo que reciben las empresas a ‘requisitos de rendimiento’ (por ejemplo, que suban sus niveles de inversión o que mantengan crecientes niveles de exportación). De esta forma los empresarios están obligados a usar los beneficios recibidos para mejorar su competitividad. 

Pero un Estado capaz de fiscalizar a los empresarios de tal manera tiene que tener cierta independencia frente a ellos. Un gobierno aliado políticamente con los empresarios nunca podrá ejercer esta función pragmática de fiscalización. Esto explica el eventual fracaso económico de Chile durante la época cuando intentó industrializarse a través de la sustitución de importaciones. No se exigía ningún criterio de inversión ni exportación a las empresas locales a cambio de la ayuda y protección que se entregaba, generando una constante limitación exportadora y restricción de divisas para el financiamiento de servicios sociales. 

Asimismo, si hoy día Chile espera transformar su modelo de desarrollo hacia exportaciones de mayor tecnología y con mayor potencial de crecimiento de la productividad, entonces el Estado tendría que ayudar pero también exigir aquello del sector privado. Intelectuales de derecha hablan de terminar con el ‘capitalismo clientelar’ (crony capitalism), los de izquierda de ‘disciplinar a la burguesía’ pero la idea es la misma: tener un Estado con suficiente autonomía frente a los empresarios para poder regularlos bien. 

Un Estado de este tipo podría negociar con las transnacionales para que sus inversiones en Chile tengan un mayor componente de ‘transferencia tecnológica’. Por ejemplo podría exigir que la inversión en el sector de litio incluyera la fabricación doméstica de baterías para autos eléctricos mediante una empresa mixta. Pero sin un Estado exigiendo estas cosas la inversión extranjera se mantendrá exclusivamente en la extracción de litio – lo más rentable a corto plazo – y las exportaciones chilenas seguirán siendo sólo de recursos naturales con poco valor agregado. Para financiar los derechos sociales responsablemente, habrá que cambiar estas exportaciones y entonces el Estado tendrá que jugar este papel planificador.  

Puesto que la demanda para mayores derechos sociales es ampliamente extendida en la sociedad y crear este nuevo tipo de Estado planificador es la única forma de garantizarlos, el tema es de la mayor importancia. El estallido demostró de manera contundente la intensidad de la demanda para más derechos sociales y también abrió el proceso constituyente actualmente en curso. Para poder cumplir con las expectativas de las movilizaciones es clave que un nuevo modelo de desarrollo con mayor planificación sea una meta común para el proceso constituyente que se abre ahora.

   

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