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Miguel Lawner sobre desarrollo urbano: Toda la legislación actual se limita a una palabra maldita que se llama “mitigar”

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Emblemático arquitecto chileno, director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el gobierno de la UP. Colaboró, entre muchos otros proyectos, con Revista AUCA, la construcción del edificio de la UNCTAD y de la Villa San Luis –que por estos días resiste el exterminio. Actualmente es integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del cual critica el nulo avance de los acuerdos asumidos. Asimismo, lamenta la ausencia de una institucionalidad adecuada para enfrentar catástrofes y una reconstrucción planificada.

Entrevista por Pablo Juica y Pascal Volker

 
 
Las políticas cambian cuando hay presión de masas y en el campo nuestro eso no ha existido. Los jóvenes a partir del 2011 fueron capaces de poner en la agenda política el problema de la educación de calidad y gratuita y eso empujó las reformas. Otra cosa es que hayan sido mutiladas, pero las impusieron.

Miguel Lawner

S obre ciudad y territorio: ¿a qué le llama “derecho a la ciudad” y cómo siente que se defiende ese derecho a la ciudad actualmente en Chile? 

Antes, te aclaro lo siguiente, ¿sabes que el primero que planteó éste concepto del derecho a la ciudad fue Henry Lefevre? y la primera vez que lo hizo público fue aquí en Chile, en el ‘72, cuando organizamos en el gobierno de Allende lo que se llamó la VIEXPO. Junto con la VIEXPO se hizo un encuentro con profesores y académicos, en fin y ahí Henry Lefevre lo uso por primera vez; no sé si públicamente lo había hecho en alguna otra parte, pero por lo menos acá en Chile no se conocía.

En Chile tenemos una situación absolutamente antagónica a la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad. Es decir, mientras el Estado no sea el verdadero conductor de las políticas urbanas, no hay ninguna posibilidad de materializar ese derecho. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de la población en demanda de un techo, en cualquiera  ciudad de Chile, aspira a permanecer en el sitio donde ha vivido, donde su familia se ha establecido, ha hecho los arraigos, donde los niños van a la escuela, los amigos, el comercio local, etcétera. Pero esa posibilidad de quien postula a la vivienda, al derecho a vivir donde desea vivir, por el modelo actual vigente, ese derecho está absolutamente proscrito. Porque no es el Estado el que recoge esa demanda y ve cómo satisfacerla, sino que se la entrega a la iniciativa privada. Entonces, bajo la falacia del derecho a elegir, como se titula el libro del Milton Friedman, el derecho a elegir se restringe a las opciones que te entregan las grandes inmobiliarias, normalmente localizados en la periferia de la ciudad. Es decir, donde ellos han adquirido los terrenos en condiciones muy favorables, primitivamente tierras agrícolas que por razones de cambio de las disposiciones del plan regulador pasaron a ser urbanas. El caso Caval que ha hecho tanta noticia es, en los hechos, esto mismo. En resumen, el derecho a la ciudad no puede ser proporcionado por quien ha hecho de este derecho una mercancía. Si no actúa el Estado en beneficio del bien común eso no es posible. Y ese es el drama que hemos vivido, impuesto por la dictadura y mantenido virtualmente sin ninguna modificación por los gobiernos democráticos que le han sucedido.

¿Y por qué cree que ha existido esa continuidad?

Yo te diría que en primer lugar hay compromisos de personas que están ligadas a este negocio, grandes autoridades. Por mencionarte uno, el Ministro del Interior durante prácticamente todo el periodo del primer gobierno de Michelle Bachelet y un tiempo en el de Frei Ruiz Tagle, fue Edmundo Pérez Yoma. Su hermano, Francisco Pérez Yoma, fue uno de los grandes promotores inmobiliarios, el responsable de las famosas casas Copeva. Esos 2 mil departamentos que prácticamente son basura, la gran mayoría de los cuales ya están demolidos, los hizo la firma que dirige él. Francisco Pérez Yoma, con la ampliación de 10 mil hectáreas que se hizo del plano regulador intercomunal al término del gobierno de Ricardo Lagos, fue uno de los grandes beneficiados, él era propietario de gran parte de esas tierras. Entonces en consecuencia, hay intereses incorporados, yo te diría una suerte de quintas columnas al interior de los gobiernos democráticos que han impedido que las cosas cambien. Yo he vivido esto personalmente durante los últimos dos años o más, porque Michelle me designó miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Ahí participan ministros, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y unos 3 o 4 que somos Toribio el náufrago, planteamos criterios opuestos, y siempre tropezamos con estos intereses incorporados. Y Michelle, que creo yo ha encontrado un cuadro de la economía en general en deterioro, se ha inspirado en el criterio de lograr la máxima actividad en el área de la construcción, que se traduce en no tocarle un pelo a los intereses de la CChC. Yo he hecho esfuerzos por demostrar que teniendo políticas dirigidas por el Estado en desarrollo urbano, esto de ninguna manera es obstáculo para que las empresas constructoras jueguen algún rol, pero siempre que sea dirigido por el Estado.

Hojeando la revista AUCA de los años ’70; ahí ya ustedes manifestaban una preocupación por el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades que, comparado a lo que ocurre hoy, casi parece una situación maravillosa la de 1970.

En los ‘60s-70s las ciudades crecían a un 4 o 5% anuales, porque el proceso migratorio del campo a la ciudad todavía estaba vigente, y además la tasa de natalidad de la población era 2 o 3 veces mayor a lo que es ahora. En consecuencia, las presiones a las que estábamos sometidos eran mayores a las que hay ahora, que tienen un crecimiento más moderado. Entonces claro, es efectivo que había mayor presión, pero había una enorme responsabilidad del Estado dirigiendo ese crecimiento. Y eso no fue patrimonio de uno u otro gobierno. Desde el terremoto del ’39, a un mes de haber asumido por primera vez en la historia de Chile un gobierno de izquierda, Pedro Aguirre Cerda, hasta el golpe, se sucedieron gobiernos de muy distinta índole, de derecha, de centro y de izquierda. Pero el rol asumido por el Estado en la política de desarrollo urbano fue invariable, pudo haber una que otra inflexión, pero con una tendencia semejante. Por dar un ejemplo, Jorge Alessandri, un gobierno de derecha, asumió el ’58 y en mayo del ’60 fue el famoso terremoto de Valdivia. Al día siguiente, Alessandri envío a los mejores urbanistas que había en Chile a Osorno, Valdivia, Puerto Montt, para hacer las actualizaciones a los Planos Reguladores cuando había, o nuevos planos reguladores adecuados a las nuevas condiciones que había generado el terremoto. Funcionarios con poderes reales, con la capacidad de tomar decisiones.

Hemos visto que la CChC tiene inserción en diversas actividades de participación ciudadana en relación a los Planos Reguladores Comunales, a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, y en general en todos estos instrumentos de planificación. Cada vez que se convoca a participar, aparece visiblemente la CChC. Y da lo mismo si son alcaldías de tal o cuál lado ¿Por qué cree que esa relación se da indistintamente si el gobierno es de derecha o de la Nueva Mayoría?

Las políticas cambian cuando hay presión de masas y en el campo nuestro eso no ha existido. Los jóvenes a partir del 2011 fueron capaces de poner en la agenda política el problema de la educación de calidad y gratuita y eso empujó las reformas. Otra cosa es que hayan sido mutiladas, pero las impusieron. En el caso nuestro, el cambio del modelo impulsado por Arnold Harberger, brazo derecho de Milton Friedman, fue para aplicar en el campo de la vivienda y el desarrollo urbano la fórmula del subsidio habitacional. En vez de entregarle los recursos a la oferta, las empresas constructoras, se entrega a través de la demanda, esto es a los pobladores interesados. Eso tiene dos consecuencias graves a mi juicio. La primera es que el interesado, la persona teóricamente beneficiada por el subsidio se encuentra con que tiene la solución definitiva en sus manos cuando recibe el subsidio y sale entonces a buscar la oferta. Tiene el derecho a elegir. Y por supuesto, ese es un mecanismo perverso de como transferir dinero del Estado a las inmobiliarias, porque todo el proceso pasa a ser manejado definitivamente por la alianza de las constructoras con los bancos, con el capital financiero. Pero el otro objetivo -escondido en esta política- es haber acabado con la fuerza del movimiento de pobladores. En la historia de Chile, yo te diría a partir de los años ‘40 en adelante hasta la dictadura militar, se fue generando un poderoso movimiento de pobladores que fue capaz de capitalizar la demanda habitacional no satisfecha por los sectores de menores ingresos y forzar situaciones por la vía de las tomas de terreno bien organizadas, inteligentemente, en sitios adecuados que respondían a las necesidades de la población. El subsidio habitacional, por el hecho de ser un instrumento individual, ha conspirado contra la fuerza que representa el grupo. Yo le atribuyo a eso la falta de movilización por soluciones en interés de ellos y no de las inmobiliarias. Por ejemplo, en esta campaña electoral ya han aparecido propuestas de diversos tipos. El Mercurio, la semana pasada (n. de la r. marzo de 2017) público ya los principales intereses planteados por una u otra candidatura. En ninguna aparece un punto relacionado con desarrollo urbano o vivienda. Por lo tanto los gobiernos al no sentirse presionados consideran que lo están haciendo bien.

URBANISMO PARA RICOS Y PARA POBRES. LA NECESIDAD DE CAMBIOS INSTITUCIONALES

En su última columna, sobre Santa Olga, hablaba de urbanismo para ricos y urbanismos para pobres, ¿usted lo ve eso en Chile? ¿dónde?

Por favor, si tú vas hoy a Chicureo, a la Dehesa, ves la oferta habitacional: unidades habitacionales de 30 mil, 40 mil y 50 mil UF, departamentos en condominios exclusivos de 400 o 500 metros cuadrados con verdaderos parques. Y al lado de esa oferta, las viviendas para los sectores sin casa. Es decir, el contraste de la desigualdad ha llegado a niveles intolerables. Bachelet antes de asumir, en su primer discurso, sabiendo que ya había ganado la elección, dijo una frase que yo no voy a olvidar nunca: “Chile tiene un solo gran adversario: la desigualdad social” y, ¿en qué se ha manifestado ese concepto en sus políticas ahora? Cero.

Esa desigualdad parece estar sujeta y directamente influenciada por los alcances de las herramientas de planificación territorial que tienen una visión tan elevada que no son capaces de incluir las demandas de los habitantes comunes, parecen herramientas bastante limitadas.

Claro, lo ves con los incendios forestales, que es una cosa inaudita. A mí me dejó bastante afectado porque escribí antes otra columna en la que recordaba nuestra tradición milenaria en materia de terremotos y aluviones. Porque si tú conoces la leyenda de Trentren Vilu y Caicai Vilu, las dos serpientes que están en pugna, una que gobierna las aguas y la otra los volcanes; esa es una descripción de un maremoto, quizás de cuántos años antes que llegaran los españoles a Chile. En materia de incendios forestales la verdad es que no teníamos experiencias semejantes a la que vimos ahora, es sobrecogedor. Pero ¿cómo se enfrenta eso? En primer lugar, la cosa absurda de designar a un coordinador. Me da pena Sergio Galilea, ¿qué iba hacer en un territorio con 500 km de extensión con tanta diversidad?, ¿qué capacidad tenía? Ninguna. Entonces carecemos de institucionalidad capaz de enfrentar la catástrofe y de planificar. Yo escuché al Ministro de Agricultura decir que habían encargado un estudio de cómo recuperar la riqueza forestal afectada, y escuché casi el mismo día al ministro de Medio Ambiente diciendo lo mismo: que habían encargado un estudio. Es legítimo hacer esto de los estudios, pero tiene que haber una institución que coordine, que además los encargué con criterios, con puntos de vistas, yo no encargo estudios en el aire, sino que tiene que existir una institución que coordine. Claro que hay que resguardar la riqueza forestal y el medio ambiente, pero sin una adecuada institucionalidad es insensato, un derroche.

Tomando en cuenta el proceso de reconstrucción que se nos viene a propósito del incendio, en los años ‘60s y ‘70s en todo Latinoamérica se hizo tremendamente popular la construcción de vivienda entono a las cooperativas o los procesos de autoconstrucción. En Chile, tenemos la experiencia de Villa La Reina, en Uruguay y en Brasil hay varias otras. ¿Usted ve la autoconstrucción como un modelo de construcción de vivienda obsoleto o como una alternativa viable al subsidio habitacional?

Yo la autoconstrucción no la veo viable ahora. Hasta los tiempos nuestros el nivel tecnológico en la construcción era todavía extremadamente artesanal en un porcentaje importante. Hoy día todo está mucho más avanzado tecnológicamente. En nuestros tiempos había muchas partidas en que la autoconstrucción era natural. Ahora no es tan fácil. Tú te pones hacer puertas y ventanas en obras y no tienes cómo competir con lo que te proporciona la industria del aluminio y así en muchas otras partidas como los tabiques, por ejemplo. Pero una cosa es la autoconstrucción y otra es la participación. Cualquier política sensata, bien orientada, no puede prescindir de la participación de las comunidades involucradas. No es que rechace la autoconstrucción, pero soy escéptico de que esa sea la solución. Sin embargo en el ámbito rural, por ejemplo en Santa Olga, es razonable. De hecho planteé la autoconstrucción asistida como un camino, que me parece absolutamente legítima. Pero eso no va a pasar porque ya se impusieron los que proporcionan las casas prefabricadas que van a llegar a ocupar el terreno, sin ninguna planificación. Ya hicieron un plano trasnochado de un día para otro, sin ningún sentido territorial.

Es un pesimista.

Soy un pesimista. Es que desgraciadamente, se ha corrompido mucho la conciencia social. Los medios de comunicación juegan un rol en esto fundamental, peso que antes no tenían. Entonces se ha vendido con mucha facilidad esta mercadería del apoyo. Tú ves que pasa la catástrofe y altiro aparecen coludidos los programas de televisión con los bancos haciendo campañas, juntando plata. Si esto fuera sensato habría un organismo donde tú entregas los fondos recaudados porque es legítimo que exista el interés de colaborar, de contribuir con una catástrofe. Pero que administren y manejen, esta empresa o la otra, tal o cual banco, o algunas instituciones, muy legítimas como Techo por ejemplo, no es el camino. No puede el Estado dejar de organizarlo todo porque es el único que puede velar legítimamente por el bien común. Todo lo demás es una presión indebida que ejercen los medios de comunicación y que terminan por corromper a la gente. “¿Cuándo va a llegar la solución? ¿Cuándo?: -Mañana”, “¿Cuándo empiezan a construir casas?”. Ya la Ministra publicó en la página web que están haciendo la fundación de la primera casa definitiva en Santa Olga. No tiene sentido, la autoridad tiene la responsabilidad de educar, la gente tiene que entender que una cosa es la emergencia donde el Estado tiene la responsabilidad de responder a la brevedad y con estándares mínimamente aceptables, punto. Otra cosa es la reconstrucción, y ahí no se puede improvisar. Las catástrofes en el pasado siempre tuvieron un lado positivo, siempre, porque se aprovecharon para hacer las cosas que no se pueden hacer en tiempos normales. El terremoto del 28’ en Talca trajo consigo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del primer gobierno de Ibáñez el año ’31 y vigente hasta el día de hoy. El terremoto del ‘39 en Chillán generó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, una institución maravillosa que es la predecesora de la CORVI, con funcionarios admirables, arquitectos notables, urbanistas. O sea, estamos enfrentados a esta desgracia de no poder competir con este abrumador peso de los intereses inmobiliarios, porque ahí están los intereses de los que traen estas casitas prefabricadas y el capital financiero coludido con los medios de comunicación. Es muy difícil para la autoridad librarse de estas verdaderas presiones indebidas. Si un ministro tuviera un mínimo de autoridad debería tratar de educar.

En éste contexto, dado lo que usted nos ha dicho, ¿se puede esperar algo de un gobierno de derecha o de la Nueva Mayoría?, ¿se puede esperar algo en el corto o mediano plazo?

De la derecha no creo porque todos están coludidos en el negocio inmobiliario. PENTA está metido en el negocio inmobiliario. El desarrollo más importante hoy en día en La Serena -500 metros de terreno que está entre la playa y la costanera- creo que se llama Serena Gold, lo está desarrollándo PENTA. Luksic, a través de CCU está metido en el negocio inmobiliario. Todas las grandes empresas de éste país, de hecho dueñas de éste país, dueñas de la minería, de las aguas, están también metidas en el negocio inmobiliario. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer esfuerzos por romper. Para recuperar las atribuciones del Estado, porque no hay nadie más que pueda velar por el bien común que no sea el Estado, nadie, lo demás son cuentos. Toda la legislación actual se limita para mí a una palabra maldita que se llama “mitigar”. Toda la legislación actual no es para que las cosas se hagan bien, sino sabiendo que se están haciendo mal, se legisla para ver cómo se mitiga lo que están haciendo mal los privados. Si las cosas las haces bien no vas a necesitar mitigarlas, ¿no?

LOS PRINCIPIOS ROTOS DE LA MODERNIDAD Y EL FUTURO DE LA CIUDAD

Hay una proliferación de lo que se llaman los condominios cerrados que fomentan y expresan la segregación. Por ejemplo en Providencia, al conjunto Empart lo están fragmentando con rejas por todas partes.

¿Has visto tragedia igual? Eso es acabar con la ciudad. Con éste concepto de luchar contra la delincuencia o la seguridad se cometen las peores tragedias. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar con las ciudades? El condominio cerrado es la antítesis de lo que es la ciudad. La ciudad es a mi juicio la creación más noble en la historia de la humanidad. Qué no se hizo en las ciudades, desde las acrópolis, las pirámides, hasta ahora. Todo el progreso de la humanidad está contenido en las ciudades; es una maravilla. ¿Quién va a Europa y no quiere visitar París, no quiere visitar Florencia o ir a ver la Acrópolis? Y por qué es eso, ¿por qué los huevones se pusieron hacer torres y a poner rejas como la hacen aquí en cualquier parte? No, porque han preservado el corazón y sentido histórico en todos estos lugares. No deja de ser difícil la tarea, pero no por eso es imposible. Yo creo que hay que empezar en las universidades, que están contaminadas con este virus neoliberal. No sé qué se enseña en urbanismo hoy, pero estoy seguro que son puras medidas de mitigación, en vez de enseñar cómo debe ser bien administrado el territorio en beneficio común.

También tenemos el caso de la Villa San Luis, que está dando sus últimas peleas.

Sí, eso es dramático. Lo de la villa San Luis es el atentado urbano más grande cometido en la historia de Chile. Allí fueron despojadas mil y tantas familias de un bien adquirido absolutamente conforme a todas las normas vigentes en la época. Es cierto que no habíamos otorgado aún títulos de dominio, porque al igual como ocurre ahora, los títulos de dominio se entregan sólo cuando está terminado toda la urbanización, no solo las viviendas. Y la municipalidad de Las Condes, por razones obvias en ese tiempo, nos chuteaba las recepciones de obra de urbanización con el propósito de obstaculizar. Claro, no le podía gustar que le metiéramos “rotos” en lo que hoy es el Parque Arauco. Despojar con total indiferencia a mil y tantas familias -5 mil personas- de un bien adquirido, puede entenderse en el contexto de la dictadura, no aceptarse por supuesto, pero que los gobiernos posteriores hayan sido cómplices de esto no tiene nombre; a mí me jode un montón. No entiendo por qué -qué lío jurídico- esos cuatro lotes que quedan se han salvado del exterminio. Por algún motivo esos cuatro se han salvado y yo considero, a estas alturas, que esos constituyen un sitio de memoria en Chile. Con Jaime Díaz, que es el cineasta que me ha acompañado, vamos a hacer todo lo posible por salvarlos y levantar ahí un buen proyecto de memoria, bien hecho, donde contemos toda la historia de la Villa, bien iluminado, digno, dejando uno de los bloques como está, como testimonio, pero haciendo una restauración legítima del resto. Un buen memorial.

¿Existen aún las utopías? ¿Cuál es la ciudad soñada?

No hay por qué arriar las banderas. Yo sigo soñando lo mismo. En ese Consejo de Desarrollo Urbano, con toda la atmosfera negativa que tenía, el acuerdo que sacamos el primer año fue extremadamente positivo. Uno de los puntos dice: creación de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU), modelo “CORMU”, dirigir bajo la dirección de los Gobiernos Regionales. Pero es una iniciativa que es imposible imponerla, no quieren soltar el centralismo que tiene este país, no hay remedio. Estos SRDU fueron aprobados -a pesar de que con letra chica agregaron “los representantes de la CChC se hacen presentes y objetan tal y tal cosa”- pero no se ha hecho nada. Si hubieran existido estos SRDU nadie hubiera tenido dudas de quién debería asumir la reconstrucción en Maule, O’Higgins o Bío Bío. Si existieran organismos responsables como éstos, nadie tendría dudas y no andaría Don Francisco o éste o el de más allá haciendo iniciativas propias, todas descoordinadas.

Y aparte de la propuesta de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, ¿qué otras transformaciones institucionales considera necesarias?

Una bolsa o fondo de suelos urbanos. En la primera reunión que tuvimos, se puso en discusión el tema de los suelos urbanos. Sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una gran cantidad de terrenos en zonas urbanas, no estoy hablando de los desiertos ni la cordillera. Los servicios como ENAMI, ENAP, las F.F.A.A., todas tienen suelos urbanos. Se planteó entonces hacer un estudio, se acordó. No se ha hecho nada. Bienes Nacionales sigue vendiéndole directamente a la CChC o a representantes de las inmobiliarias miembros de la CChC. Sobre todo en la zona norte, en Tarapacá y en Antofagasta. Gran parte de la actividad que desarrollan las inmobiliarias proviene de los terrenos que le vende Bienes Nacionales a estas inmobiliarias. Por ejemplo en Antofagasta, que tiene ahora un nivel de campamentos inverosímil, el Estado no compra un solo terreno para enfrentar este problema. Bienes Nacionales no facilita los terrenos para enfrentar el problema de los campamentos de los sin casa en Antofagasta. No, se los entrega a la inmobiliaria para que hagan negocios. En resumen, de este acuerdo que tomamos para la creación del fondo de suelos, no se ha hecho nada, ningún estudio. Y acabo de insistir, personalmente, para que se haga este estudio al menos en las tres regiones metropolitanas mayores del país: Santiago, Valparaíso y Concepción. Vamos a ver qué sucede, soy escéptico pero sigo esperando y sigo peleando. A mí no me van a sacar tan fácilmente de esto.

Resumiendo todo lo conversado, ¿Para dónde cree que van las ciudades hoy?

Con éste modelo no hay ninguna posibilidad de sensatez. Actualmente se requiere una conducción incluso mayor por el problema ambiental -que antes era prácticamente desconocido-  y que ahora no puedes ignorar. El planeta entero está sometido a una presión que no puedes ignorar. Por ejemplo, el agua. El abastecimiento de agua es un tema que ahora tienes que pensar con un mínimo de racionalidad en el corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, la necesidad de recuperar la conducción del desarrollo urbano por parte del Estado es fundamental, es un problema estructural que no se puede evitar. O lo hace el Estado o no se hace  -o se hace pésimo como está ocurriendo ahora.

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  • Mapahue Testoyhue

    Las claridades: "Bachelet antes de asumir, en su primer discurso, sabiendo que ya había ganado la elección, dijo una frase que yo no voy a olvidar nunca: “Chile tiene un solo gran adversario: la desigualdad social” y, ¿en qué se ha manifestado ese concepto en sus políticas ahora? Cero". Grande Lawner!