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Lucha por la vivienda digna y el derecho a la ciudad: una propuesta teórica basada en la experiencia española

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La lucha por la vivienda permite ampliar el foco en dos sentidos. Por un lado, permite conectar con la lucha más genérica del derecho a la ciudad, porque apela a las condiciones materiales primigenias para constituir cualquier ciudad, el derecho a poder habitar la ciudad. Por otro lado, permite un re-escalamiento de la reivindicación y enlazarlo con una lucha mayor que se expanda a otras ciudades.

Aritz Tutor Anton

 
 
La llegada de la crisis de 2008 destapó las insostenibilidades financieras, ecológicas y sociales del modelo mayoritario de desarrollo urbanístico en el estado español. La insostenibilidad financiera fue la consecuencia de subordinar el uso social de la vivienda al provecho económico, fomentando la configuración de la burbuja

Aritz Tutor Anton

Así es nuestra vida si es que acaso esto es vida

Si vida se le llama a vivir de rodillas
Ya desde este mismo instante exigimos una vida,

una vida que merezca la pena ser vivida

Habeas Corpus

L a mercantilización de la ciudad

Cuando se habla de la ciudad como segundo circuito del capital se refiere a la noción de la ciudad como campo para la producción del capital. En este caso no se hace referencia a la ciudad como espacio en el que se desarrollan actividades económicas que reportan plusvalías y ganancias, sino a la propia ciudad como creación capitalista. En este sentido, es la misma urbanización la que retiene y genera el valor capitalista. Así pues, la ciudad se enmarca en una estrategia espacial del capital. La producción del espacio urbano se convierte en lo que Harvey denomina spatial fix, es decir, el anclaje espacial del capital como fijación durable del capital adoptando una forma física (capital fijo en forma de infraestructuras, vivienda, etcétera). Este segundo circuito de capital (siendo el primero el clásico circuito primario de inversión en economía productiva, cuya representación arquetípica encontramos en la industria) está formado, entonces, por un conjunto de inversiones en capital fijo y construcción de ciudad.

Este anclaje del capital se produce mayormente en forma de capital privado. Esto quiere decir que la producción de la ciudad, de sus servicios y equipamientos, una vez abierta a las fuerzas mercantilizadoras (y financiarizadoras), se encuentran a la merced de dinámicas cortoplacistas y de especulación. En este terreno de juego, ¿qué tipo de espacio se produce?, ¿qué tipo de acceso a la vivienda se promueve?, ¿qué hábitat social se posibilita?

El caso español

La llegada de la crisis de 2008 destapó las insostenibilidades financieras, ecológicas y sociales del modelo mayoritario de desarrollo urbanístico en el estado español. La insostenibilidad financiera fue la consecuencia de subordinar el uso social de la vivienda al provecho económico, fomentando la configuración de la burbuja (cuando el préstamo hipotecario excede su valor de mercado y el precio no se corresponde con su valor). La insostenibilidad ecológica viene del fuerte consumo de suelo, pues se construyeron una media de 600.000 viviendas por año entre 1998 y 2005, un total de viviendas superiora las que se construyeron en Alemania, Francia e Inglaterra juntas en el mismo período. La insostenibilidad social era notoria en los años previos, cuando el parque de viviendas no dejaba de aumentar en un ritmo de crecimiento espectacular, pero al estar en manos privadas y sin una apuesta por la vivienda pública (y el alquiler social, pues las opciones preferentes se reducían a la compra, gracias al decidido empuje de ventajas fiscales y un imaginario de ascenso social ligado a la propiedad), los precios aumentaron una media anual del 11,4% en la década del 1997 al 2007[1].

Todo ello unido a una deficiente planificación urbanística y a la negligencia de diferentes agentes involucrados, así como al papel de la banca, que concedió créditos generosos sin detenerse a evaluar los riesgos -precisamente para poder retroalimentar la brutal construcción y justificar la liquidez de capital e impulsar el consumo de la población-, creó el cóctel perfecto para un desastre socioeconómico.

Efectivamente, el aumento progresivo en la concesión de hipotecas durante el periodo previo a la crisis económica del 2008-2014 conllevó un sobreendeudamiento de la población, fomentado por el sistema financiero y por una política pública de propiedad y de construcción, con escaso parque de alquiler público. La predominancia de capital privado, mucho de origen alemán -debido a la división espacial en el que los países del sur de Europa se especializaron en turismo y en cierta medida en crear las condiciones para propiciar la construcción a gran escala-, y la existencia de muchísima vivienda vacía agravaron las consecuencias de la crisis y dificultaron la recuperación (pues la responsabilidad del capital privado y su capacidad de retornar las pérdidas es limitada, y muchas de las veces cuentan con el respaldo del rescate público). La crisis de 2008 y el consiguiente aumento del paro derivó en la expulsión de muchas familias a causa de los impagos de las cuotas hipotecarias, al amparo de un marco legal de protección a la banca frente al impago de hipotecas (no se admitía la dación de pago, de modo que además de perder la vivienda, quedaba por saldar una deuda económica con el banco).

Por tanto, no sólo factores externos como la crisis de Lehman Brothers provocaron el desastre español, sino que todo un sistema de factores internos, como la especulación urbanística o la ausencia de mecanismos adecuados de control al crecimiento fueron determinantes.

Ante este proceso de desposesión masivo y pérdida de soberanía sobre el entorno inmediato y el diseño de la ciudad, del hábitat, ¿cómo afrontar un modelo que privilegia el papel de los agentes privados?

Alternativas y contestaciones

Uno de los ejemplos más claros de contestación, de empoderamiento popular y de construcción de alternativas eficaces al problema de la vivienda es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH surge en Barcelona en 2009, al calor del clima de reivindicación de una vivienda asequible, en una ciudad con una amplia trayectoria histórica de lucha y asociativa. La PAH surgió como lucha para garantizar una ley con tres exigencias en materia de vivienda: 1) paralización de los desahucios, 2) dación en pago, y 3) demanda de alquiler social asumible; a las que posteriormente se añadieron dos más: 4) suministros básicos garantizados y 5) aumento del parque de vivienda pública, conformando las llamadas “5 de la PAH”. La PAH se define como asamblearia, gratuita y apartidista, un movimiento popular a través del cual las personas afectadas puedan organizarse directamente para cambiar la situación de precariedad habitacional. Desde su creación en el 2009 y hasta el año 2017 se han implantado 230 nodos y se han llegado a paralizar más de 2.000 desahucios[2].

Recientemente, el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) ha puesto de nuevo el problema del acceso a una vivienda digna y asequible en el centro del debate político. Esta renovada centralidad (la organización se hace eco de las luchas por un alquiler justo que sacudieron Barcelona en los años 30 del siglo pasado) dada a una de las condiciones fundamentales de la reproducción social, posibilitan la politización de una amplia capa de la población aquejada por esta problemática.

Ampliando el foco

 La lucha por la vivienda permite ampliar el foco en dos sentidos. Por un lado, permite conectar con la lucha más genérica del derecho a la ciudad, porque apela a las condiciones materiales primigenias para constituir cualquier ciudad, el derecho a poder habitar la ciudad. Por otro lado, permite un re-escalamiento de la reivindicación y enlazarlo con una lucha mayor que se expanda a otras ciudades pues la base es la misma y es la prueba palmaria del destino convergente de diferentes urbes (así como un campo abonado para unir esfuerzos políticos en la creación de una gobernanza local, de una red de ciudades transnacionales que superen la estructura del estado-nación).

En este caso nos detendremos en el primero de los niveles, para explorar de qué modo tomar el control sobre la vivienda puede materializarse en una toma de conciencia y un empoderamiento a un nivel de ciudad. La justicia espacial teorizada por autores como Soja comienza por hacer justicia en el ámbito más nuclear e inmediato de cualquier persona, el hogar.

Una de las cuestiones fundamentales que la reflexión en torno a la vivienda suscita es la inclusión de la cotidianeidad en las discusiones políticas. Si la lucha por una vivienda digna es también la lucha por la ciudad, por el derecho a la ciudad, es una lucha que en mayor medida se vincula con lo más inmediato, con aquello que nos resguarda y protege el día a día. La vivienda politiza un ámbito central de la cotidianeidad. Lo personal es político y lo cotidiano también. De esta manera se logra vincular la tensión y conflicto inherentes a la ciudad con los movimientos y actores que confrontan un orden social y espacial injusto, a través de reivindicaciones como el de la vivienda y la permanencia. La politización de lo cotidiano profundiza en cómo los diferentes conflictos concretos de la ciudad pueden devenir la esfera en que conectar las violencias cotidianas a una escala mayor y operar re-escalamientos y repolitizaciones que devuelvan un sentido orgánico y propio a los habitantes. Por ejemplo, la aproximación a la cotidianeidad de las mujeres ha servido de insumo para identificar cómo las relaciones de dominación se hacen efectivas en el uso del espacio[3].

En una era en que las informaciones constantes y los ritmos trepidantes fragmentan la experiencia urbana, estas luchas abren un horizonte de sentido compartido que ayuda a comprender las desigualdades que acechan la ciudad (y un basamento a partir del cual articular alianzas y movimientos sociopolíticos). A partir de la socialización del espacio es posible ratificar el concepto original del derecho a la ciudad, pues los espacios (públicos) son atravesados por la memoria y las identidades se anclan en estrategias conscientes de habitar y rehabitar espacios de pertenencia[4], de proclamación de sentido.

Una aproximación a ponerle nombre a este ámbito de la cotidianeidad podría ser el concepto de proxemia. Para Maffesoli[5] la proxemia es la acentuación espacial, las prácticas entre los vecinos y lo afectivo, que no deja de producirse y que permite redes de relaciones. La proxemia refiere esencialmente a la fundación de una sucesión de ‘nosotros’ que constituyen la sustancia misma de cualquier sociabilidad. Este sentido de pertenencia que se corporeiza en un nosotros, necesita de puntos de contacto claros que unifiquen las dispares experiencias de la ciudad. La vivienda podría actuar como esa experiencia compartida. Así, a través de la proxemia podría comprenderse el problema de la vivienda, no como una mera solución técnica que mejore el entorno y la infraestructura de vida, sino como la posibilidad de formular una política coherente con una ciudad más vivible a diferentes niveles. Del mismo modo, el ataque al derecho a la vivienda (alquileres desorbitantes, habitáculos minúsculos, precios por metro cuadrado astronómicos, etc.) se vería como un ataque mayor a las condiciones de vida mismas.

Otro de los horizontes que la lucha por la vivienda toca es el de la vulnerabilidad. Si cada vivienda representa un refugio, la vivienda se sitúa en el eje de la vulnerabilidad, pues el espacio en que nos recogemos, en que tratamos de crear un lugar seguro. Para pensadoras como Yayo Herrero[6] este punto es crucial. Ella defiende que somos seres radicalmente ecodependientes y que nuestra burbuja cultural supuestamente autosuficiente es un subsistema de la naturaleza. En este mismo sentido, afirma que somos seres interdependientes que nos construimos y mantenemos gracias a una multitud de cuidados y diferentes redes de afecto y sostenimiento. Sin embargo, este es un aspecto que se tiende a olvidar, y todo avance tecnológico ahonda en la separación respecto a nuestro entorno natural y muchas veces de nuestra naturaleza social (cada vez más tendemos a tratar problemas de corte colectivo a nivel individual). Todo ello se debe en gran medida a la asunción en el plano político y social de la teoría económica neoclásica, que predica la imposibilidad de hacer comparaciones interpersonales de utilidad, ya que se basa en el supuesto de que existen preferencias exógenas y estáticas y en que la conducta racional/egoísta es el que motiva las decisiones individuales. De esta concepción emana el modelo de una naturaleza humana caracterizada por un yo autosuficiente, tanto respecto a otros seres humanos como respecto a su constitución natural[7].

 

La vivienda también es parte de esa red interrelacionada de personas, afectos e infraestructuras que hacen que la ciudad sea vivible, y reivindicarlo a ese nivel es imprescindible para no perder la perspectiva de cómo la vivienda (y todo lo que implica) se enmarca en la ciudad y en las dinámicas que la constituyen (¿qué significa que la mayor parte de la promoción de vivienda de una ciudad recaiga en el sector privado?, ¿qué modelo de ciudad se construye si la vivienda no está comprendida en los espacios de producción o reproducción? o ¿por qué el sector inmobiliario despacha a sus anchas un bien social como es la vivienda y el acceso a ella?).

A modo de cierre

 Tanto la proxemia como la eco-vulnerabilidad nos hablan de la importancia de la reproducción social, desde el diseño de los espacios vividos, hasta la movilidad, pasando, por supuesto, por la vivienda. Que la PAH sea la Plataforma de Afectados no es baladí. Mostrarnos afectados y dejarnos afectar por la angustia de no tener dónde vivir o por la impotencia de no poder llegar a fin de mes por pagar un alquiler o hipoteca abusivos, es el primer paso para articular un grito colectivo de rabia. Únicamente entendiendo que la lucha por la vivienda encierra una lucha mayor por una ciudad vivible que no nos desposea de los más fundamentales derechos y espacios cotidianos, podremos encarar de manera integral y definitiva un modelo de vivienda humano, adaptado a nuestras necesidades y no al engorde de carteras de inversores.

 

 

[1] Sala, Eduard. 2018. “Crisis de la vivienda, movimientos sociales y empoderamiento: una revisión sistemática de la literatura”. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 64, 1. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona

[2] Sala, Eduard. 2018. “Análisis geográfico de la crisis hipotecaria: la distribución desigual a diferentes escalas”. Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona

[3] Navas Perrone, María Gabriel y Muna Makhlouf De la Garza. 2018. Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana: La reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial. Barcelona: Pol·len

[4] Mares, Teresa y Devon G. Peña. 2012. Urban Agriculture in the Making of Insurgent Spaces in Los Angeles and Seattle. En  Insurgent Public Space. Guerrilla Urbanism and the remaking of contemporary cities, ed. Jeffrey Hou. Reino Unido: Routledge

[5] Maffesoli, Michel. 2012. Posmodernidad afectual y megalópolis: la proxemia. En Geografías de lo imaginario, dirs. Alicia Lindón y Daniel Hiernaux. México: Anthropos-UAM

[6] Herrero, Yayo. 2017. Cooperar y cuidar de lo común para sobrevivir. En Rebeldías en común: sobre comunales, nuevos comunes y economías colaborativas. Libros en Acción

[7] Benería, Lourdes. 2005. Género, desarrollo y gobalización. Editorial Hacer

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